El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia política y pública tras conocerse detalles de un viaje realizado en febrero a Punta del Este en un avión privado, acompañado por su esposa, dos familiares menores de edad y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo personal del funcionario. El vuelo partió desde el aeropuerto de San Fernando y aterrizó en Laguna del Sauce, en Punta del Este, para luego regresar días después en la misma aeronave. Según la información periodística, al regresar al país, Adorni habría solicitado realizar los trámites migratorios dentro de un hangar privado en San Fernando, evitando así el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Adorni negó que ello hubiera generado un costo adicional para el Estado y afirmó que el presidente lo invitó a subir al avión. A la vez, recordó que el Decreto 712/2024, firmado por el presidente Javier Milei, establece que las aeronaves públicas no pueden utilizarse para actividades ajenas al servicio del poder público. La principal incógnita sigue siendo quién abonó efectivamente el costo del traslado y en qué condiciones se realizó esa contratación. El propio Marcelo Grandio habló públicamente del tema y dejó una secuencia de explicaciones que, lejos de despejar las dudas, agregaron más ruido. Y por eso la situación de Adorni resulta especialmente incómoda: no se trata únicamente de un viaje privado o de una compañía familiar, sino de la brecha entre el discurso de austeridad y ciertas prácticas que, al menos en apariencia, se le parecen demasiado a aquellas que el propio oficialismo prometió desterrar. Mientras persisten las dudas sobre quién pagó realmente el vuelo a Punta del Este, bajo qué criterio se autorizó la presencia de la esposa del funcionario en el avión presidencial y si hubo o no un uso impropio de recursos o influencias, lo que queda expuesto es un problema político más amplio. Esa explicación, lejos de cerrar el tema, multiplicó las críticas porque fue el propio oficialismo el que había impulsado normas y mensajes públicos orientados a exhibir austeridad, recorte de privilegios y control estricto sobre el uso de bienes estatales. La oposición aprovechó esa contradicción. Sin embargo, la controversia cobró otra dimensión porque el vuelo a Punta del Este quedó inmediatamente asociado al episodio todavía más delicado del viaje oficial a Estados Unidos, donde su esposa integró la comitiva que se trasladó a bordo del avión presidencial en el marco de la Argentina Week. En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete reconoció que Bettina Angeletti viajó con él y argumentó que era su deseo personal que lo acompañara. Esa contradicción alimentó las sospechas en torno a un desplazamiento privado cuyo costo fue estimado de distintas maneras: mientras algunas versiones hablaron de unos 10.000 dólares por el operativo completo, el periodista mencionó una cifra bastante menor, cercana a los 3.600 dólares, aludiendo a una modalidad comercial especial para uno de los tramos. La polémica no termina allí. En una primera intervención televisiva sostuvo que el viaje lo había pagado Adorni, pero luego introdujo una versión distinta y afirmó que cada pasajero cubrió su parte.
